En la conmemoración del 10mo aniversario de los fatídicos acontecimientos de Bagua.

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 Un llamado para la justicia verdadera para los pueblos indígenas amazónicos y el medio ambiente

El 5 de junio 2019 se cumplió tristemente una década del conflicto Bagua en Perú, más conocido como “el Baguazo”, un proceso de terribles hechos que duró 55 días y que resultó en la muerte de 35 personas (policiales, civiles e indígenas) y 1 desaparecido, así como cientos de heridos de los pueblos Awajun y Wampis. Una acción beligerante orquestada por las autoridades de la época y que queda hasta el día de hoy impune; un caso que aún no se ha resuelto y por lo cual 53 de nuestros hermanos están perseguidos judicialmente como el ex presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota.

Queremos unirnos a nuestros hermanas y hermanos para pedir Justicia para el terrible suceso del “Baguazo” y sus “mártires”. Basta de sangre en nuestras tierras y la impunidad ¡La lucha se encuentra realmente en el combate a una justicia de dos caras y pedimos que formen parte del proceso judicial las autoridades de gobierno involucradas en 2009! No somos ciudadanos y ciudadanas de segunda zona.

El presidente de Aidesep, Lizardo Cauper declaró en la conferencia de prensa, en el Congreso Peruano, en el marco la Semana por la Defensa de los Defensores y Defensoras indígenas que se llevó a cabo del  3 hacia el 6 de junio y de los 10 años del caso de Bagua organizada por AIDESEP y DAR, que se necesita “una justicia verdadera para todos y para la tierra y de la biodiversidad en donde nos encontramos. Nosotros estamos para colaborar con la justicia. Pedimos también que nos reconozcan nuestra gestión territorial, la seguridad judicial de nuestros territorios, nuestra salud y educación intercultural porque estamos contribuyendo al desarrollo del país. Queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando, seguir viviendo porque quizás las nuevas generaciones no podrían tener territorios asegurados ni garantizados.”

Tuntiak Katan, vice coordinador de la COICA afirmó también complemento que “no es digno de celebrar si no decir que, si hubiera existido una verdadera voluntad política para poder dialogar, hacer una actividad coordinada y conjunta con los ciudadanos y los pueblos indígenas. Eso no hubiera sucedido. Por lo tanto, hacemos una llamada a los presidentes de la Cuenca amazónica que están repitiendo las mismas situaciones que están vulnerando los derechos de los pueblos que viven en sectores rurales que ya no hay de volver a repetir estas historias y pedimos que se empiece a respetar el proceso de la consulta y del procedimiento. Eso es el trabajo que se realice mediante acuerdos, diálogos, educación para el bienestar de los pueblos, de las nacionalidades del estado y de todos, no es para el beneficio de las empresas transnacionales que piensan en términos únicamente económicos. Pido a la prensa internacional y nacional que estén atentos a lo que sucede en la Cuenca Amazónica y que somos los defensores ciertamente de nuestros bosques, de los territorios hacia una humanidad segura”

El caso Bagua además es símbolo de una lucha que lamentablemente persiste contra la vulneración preocupante de los derechos relacionados con la identidad cultural, el territorio y del cumplimiento de las leyes internacionales, que empiece una verdadera participación activa de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones sobre desarrollo en sus propios territorios.

Este conflicto de 2009 partió del bloqueo por las comunidades de la carretera llamada “la curva del diablo” y del bloqueo de la estación 6 de Petroperú en donde se enfrentaron la policía municipal y los civiles. Las comunidades nativas de Bagua protestaron en contra de las medidas liberales que tomaba el Gobierno de la época encabezado en 2008 por Alan García Pérez y que facilitaron la implementación del tratado de comercio entre Estados Unidos y Perú, dando carta blanca a las empresas extractivistas en nombre del “desarrollo nacional”.

La ira de las comunidades surgió así del desprecio absoluto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, por el gobierno peruano que establece que los estados deben primero consultar y comunicar a las comunidades indígenas sobre las acciones que podrían afectar de cualquier manera a su territorio (consulta previa, libre e informada).

Este conflicto económico–político, como lo califico la FIDH, tiene causas muy profundas y refleja aún hoy en día la necesidad de que los gobiernos y políticos de nuestros países a aborden el desarrollo a través de paradigmas alternativos, que sean de los pueblos amazónicos con una visión holística de sus territorios pero también por los Gobiernos de otras partes que manejan una política de negación de las culturas milenarias y voluntades de desarrollo propio de sus pueblos y agresivamente liberal; cuyas políticas ciegas señaladas por tantos especialistas a través del mundo como desastrosas llevando consecuencias casi irreversibles para el ser humano y nuestro medio ambiente.

El Programa De Defensa de Defensores que la COICA ha desarrollado a nivel regional con varios aliados como DAR, REPAM, ARTICULO 19 Y LAND IS LIFE, nació de esta urgencia de comunicar más eficazmente y centralizar la información sobre casos para desarrollar protocolos de respuestas inmediatas legales y comunicacionales a corto y medio plazo a nivel nacional y a nivel de cortes internacionales. Los países de la cuenca se encuentran con amenazas permanentes que atentan contra las formas de vida de las Nacionalidades Indígenas, de la naturaleza y de las naciones en general.

Esta semana fue la ocasión de seguir en la construcción del programa con el taller organizado por AIDESEP y DAR de capacitación en principales instrumentos normativos, nacionales e internacionales sobre los derechos colectivos de los pueblos y la construcción de una guía para puntos focales del programa a fin de determinar los mecanismos de acción para implementarlo en contextos de la Cuenca Amazónica.

 

 

 

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